La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, depositó una querella penal contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por alegada difamación e injuria, en la que reclama una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios causados a su honor, imagen y estabilidad emocional.
La querella, sometida a través del abogado Miguel E. Valerio, se fundamenta en la supuesta divulgación reiterada de expresiones ultrajantes, acusaciones falsas de vínculos con el narcotráfico, y amenazas públicas de difundir un video íntimo de la funcionaria.